El seguimiento fue «revictimizante y violatorio de derechos humanos», no fue una medida de reparación integral, señalan activistas
La colectiva Uady sin acoso y el Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) A.C. reconocieron que la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) sentó un precedente al rescindir el contrato de H.Z., agresor de las trabajadoras de la Facultad de Ciencias Antropológicas; sin embargo, en el procedimiento, la institución fue revictimizante y nada empática al no respetar el “Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género”.
En rueda de prensa, Silvia Esquivel, acompañante legal por parte del Centro de Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) A.C., lamentó que el seguimiento fue «revictimizante y violatorio de derechos humanos», no fue una medida de reparación integral, pues faltaron medios de restitución, medios de rehabilitación, garantías de no repetición.
«En el comunicado nunca se dijo si (el victimario) recibirá cursos de re-educación para que ya no signifique ningún peligro para la comunidad y no vuelva acosar en otros lugares. Tampoco se menciona si lo volverán a contratar o habrá medidas preventivas a la comunidad universitaria acerca de ese tipo de situaciones o una disculpa pública a las trabajadoras por lo que sucedió», comentó.
Por su parte, Guadalupe Vázquez Erosa, de servicios escolares de la Facultad de Antropología, hizo un llamado a las autoridades de la Uady a escuchar a las trabajadoras y no descalificar las denuncias por acoso sexual y hostigamiento en los centros de trabajo.
«Exhorto a las autoridades correspondientes a seguir trabajando en las mejoras de un protocolo para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género y atender las deficiencias de éste, ya que el actual expone, vulnera y revictimisa a quienes denuncian. Aunque la decisión fue favorable, no hubiésemos podido llegar a esos términos sin la Cejudi, Uady sin Acoso y Autamuady, las cuales les reiteró mi agradecimiento», dijo.
La directora de Uady Sin Acoso, Rosa Cruz Pech, señaló que a pesar de los antecedentes de violencia sexual y, en su momento, la denuncia se hizo ante las autoridades correspondientes, este individuo fue colocado en un «puesto de poder, de confianza».
Desde hace cinco años, recordó, ya existía un antecedente de que esa persona ejerció violencia sexual a las trabajadoras. «En su momento, a pesar de no contar con un protocolo y las herramientas, si fueron revictimizadas», comentó.
La activista señaló que las autoridades de la Uady actuaron como si defendieran al agresor, los casos no se manejaron con transparencias y hubo reuniones no estipuladas en las que la parte acusada se presentó con sus dos abogados, las víctimas no llevaron testigos y se ejerció violencia de género hacia la abogada de las empleadas. Las únicas empáticas fueron las psicólogas, reconoció.
Un total de siete denuncias fueron presentadas, dos de ellas ante el Protocolo de la Uady, así como una denuncia colectiva de 28 mujeres que se realizó ante la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de la Yucatán (Autamuady).
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