La activista Patricia Olamendi visitará Mérida para hablar con los diputados locales sobre la iniciativa 3 de 3
Integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) dieron a conocer que la activista Patricia Olamendi visitará Mérida para reunirse este 1 de marzo con los integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales del Poder Legislativo.
El objetivo de esta reunión es para hablarles a los legisladores locales la importancia de aprobar la iniciativa ciudadana “3 de 3” contra la violencia sexual, adeudo de pensión alimentaria y violencia política, que se presentó el pasado 25 de noviembre.
En rueda de prensa, María Eugenia Núñez Zapata informó que “la construcción de los espacios que los espacios de poder estén libres de violencia no es cosa menor”.
Sobre lo antes mencionado, la activista señaló: “el que es violento en su casa, réplica la actitud en sus centros de trabajo y mucho más cuando tienen una responsabilidad pública”.
Que en el Poder Judicial haya violentadores ha generado que los derechos y la integridad de las niñas, los niños y los adolescentes y mujeres víctimas de violencia sean vulnerados.
«Nos encontramos con un panorama que no creíamos. Expedientes que fueron sentenciados en 2021, que tienen hasta 20 años de antigüedad. Si sumamos todos los años de retraso de estos 30 expedientes, nos da 247 años, 247 años que el estado le otorga el beneficio de la impunidad a los violentos y 247 años que revictimisa a las y los niños», expuso María Eugenia Núñez, quien con otras activistas analizaron 853 sentencias del 2021, emitidas por el Poder Judicial en Yucatán, en materia de lo familiar.
Por su parte, la doctora Sandra Noemí Peniche condenó como un ataque directo a la niñez el comportamiento de jueces y funcionarios del Poder Judicial.
«La sociedad necesita cambiar y evolucionar, pero mientras tengamos funcionarios o funcionarias que están ejerciendo violencia sobre las víctimas no se puede avanzar», externó.
La iniciativa 3 de 3 tiene por objetivo que nadie ingrese a ninguno de los poderes, y ocupe cargos si tienen antecedentes de denuncias, de procesos, o de sentencia. «Hay que limitar el daño, y se limita no permitiendo la entrada de esta gente violenta», dijo.
Rosalía López Castro recordó que el recorrido por erradicar la violencia en los espacios de poder comenzó en 2014, cuando se pidió que salgan públicas la declaración fiscal o patrimonial del aspirante del servicio público.
En 2016, se exigió que, también, se considere la conducta de quién aspire a un cargo público. En este año, las activistas por los derechos de las mujeres exigen que para aspirar a un cargo público la persona no deba de tener ningún antecedente o sentencia, de violencia sexual o adeudo de pensión alimenticia.
About The Author
Publicaciones relacionadas:
Piden a las autoridades tomar medidas urgentes para evitar la violencia hacia las mujeres
CRIT Yucatán hace un llamado a sumarse a sus desafíos de recaudación
Nuevo incendio en el sur de Mérida deja cinco familias damnificadas
Estudiantes de los Centros de Atención Múltiple, participan en colorido desfile cívico deportivo
