«No podemos obviar la presunción de inocencia que garantiza la Carta Magna», precisó el diputado morenista Rafael Echazárreta Torres
Los diputados Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN), Rafael Echazárreta Torres (Morena) y Gaspar Quintal Parra (PRI) coincidieron en que el dictamen de la iniciativa de ley 3 de 3 contra la violencia de género podría caer en acciones de inconstitucionalidad en cuanto a la presunción de inocencia y discriminación.
Seis meses después que la iniciativa fue presentada en el pleno del Poder Legislativo y mesas de trabajo con activistas locales y nacionales, así como los titulares del Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y representantes de la Codhey, ayer jueves los integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación comenzaron el análisis del dictamen.
Se aprobó la elaboración del proyecto de dictamen que tendrá, en un mismo documento, la modificación de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la adición de fracciones a la Ley de Partidos Políticos del Estado y la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Todo lo anterior con el propósito que las personas con antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios no sean candidatos a puestos de elección popular o tengan puesto de confianza en alguna dependencia gubernamental.
Durante el análisis, el asambleísta Echazárreta Torres presentó una propuesta de modificación para claridad en la norma y respeto a la presunción de inocencia de los derechos humanos para que las personas que tengan una sentencia firme no puedan ser candidatos. «No podemos obviar la presunción de inocencia que garantiza la Carta Magna», precisó.
En su intervención, el priista Quintal Parra secundó los dichos del morenista, ya que se debe legislar para garantizar la claridad y celeridad en el producto legislativo. «De nada sirve legislar un decreto que pueda ser declarado inconstitucionalmente», señaló.
El panista Lozano Poveda opinó que para presentar un buen producto legislativo es necesario hacer extensivo el estudio de éste al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Yucatán y que en conjunto con la Secretaría General presenten el análisis que sustente la legalidad para agilizar la aprobación del dictamen y no perder más tiempo.
La diputada panista Carmen González Martín, presidenta de la Comisión, pidió que la petición sea turnada a la Secretaría Técnico para que el Instituto de Estudios Jurídicos del Congreso del Estado realice un análisis exhaustivo para elaborar un anteproyecto de dictamen.
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