Cinco municipios enfrentarán demandas por falta de transparencia en la información.
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La semana pasada presentó denuncias penales contra cinco ayuntamientos de Yucatán debido a irregularidades no resueltas en sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2022, informó Mario Can Marín, titular de la Auditoría Superior de Yucatán (ASEY).
En una entrevista, el funcionario informó que después de revisar las cuentas públicas correspondientes al año 2022 de más de 70 municipios, se detectaron irregularidades que no se pudieron solucionar en cinco de ellos.
Como resultado del proceso, se presentaron las denuncias correspondientes contra los alcaldes y tesoreros de estos municipios. «Presentamos denuncias contra los municipios de Maxcanú, Ixil, Telchac Puerto, Celestún y Tinum debido a problemas que surgieron durante la fiscalización».
Añadió que casi la mitad de estas irregularidades estaban relacionadas con proyectos de construcción en los que se utilizaron dinero de participaciones o de recursos propios, mientras que el otro 50% se debió a la falta de entrega de documentación específica relacionada con asignaciones directas de ciertos trabajos.
Explicó que en algunos municipios aún persiste la negativa de las autoridades locales a proporcionar la información solicitada, especialmente en lo que respecta a obras públicas y programas de apoyo social.
Si los municipios no proporcionan información, primero se ponen multas, pero si aquellos insisten en no rendir cuentas, se procede a denunciarlos ante la Fiscalía Anticorrupción, el expediente se va a la unidad investigadora y empieza la investigación de a terceras personas, a las constructoras, que son las que facturaron la obra.
En el proceso de revisión, se verifica el cumplimiento de hasta el 80% de las obras que se llevan a cabo en las comunidades. Can Marín adelantó que el próximo 30 de octubre presentará su segundo informe, que incluirá 140 revisiones pertinentes.
Aún quedan alrededor de 30 municipios por verificar, por lo que hizo un llamado a las autoridades locales para que cumplan con sus obligaciones en materia de fiscalización.
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