Con siete votos a favor de diputadas y diputados del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, se aprobó por mayoría el dictamen para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado modificar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, que pretende la terminación anticipada del mismo.
En la sesión, que inició con un minuto de silencio por el fallecimiento de la Alcaldesa del municipio de Maxcanú, Marlene Catzín Cih, la diputada Janice Escobedo Salazar (PRI) y su homólogo, Marco Rodríguez Ruz (PRI), se abstuvieron de votar este punto hasta conocer la información requerida al Ejecutivo estatal, que solicitaron nuevamente antes de la discusión del tema ante el pleno de la LXII Legislatura.
Durante el análisis, se distribuyó el oficio enviado por la Consejería Jurídica estatal con respuestas a las preguntas de legisladores del PRI y PRD, vertidas el miércoles pasado, las cuales también fueron enviadas a los correos electrónicos institucionales de los 25 diputados, según informó el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN).
No obstante, la diputada Janice Escobedo, comentó que, al hacer un análisis de dicho oficio, persisten algunas dudas por resolver, como la duplicidad de funciones del Instituto de Museos y la Secretaría de la Cultura y las Artes para la administración del museo, porque, además, si en un futuro se extingue el mencionado instituto, cuestionó qué pasaría con el personal que labora ahí, pues están regidos por la Ley Federal del Trabajo y no la estatal, como los de Sedeculta.
Así mismo, preguntó si el museo tendrá servicios de mantenimiento, una vez que sea totalmente administrado por el Ejecutivo estatal; en resumen, dijo “no se nos hizo llegar el anteproyecto, que ya debió ser revisado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), ni el mecanismo de esquema de pagos”.
En ese sentido, Marco Rodríguez Ruz (PRI) indicó que está a favor del ahorro de recursos públicos, pero en su carácter de diputado, comentó “no dejaré de investigar y analizar, porque hay opacidad en las respuestas y como integrantes del Congreso del Estado estamos obligados a revisar la información y que nos disipen las dudas”, por lo que pidió que se leyera en su totalidad el documento enviado por la Consejería Jurídica.
El presidente de la comisión, Sánchez Roca, accedió a la petición e incluso solicitó a la Secretaría General del Congreso local, que la iniciativa y el oficio con las respuestas sean publicadas en la página de internet de esta soberanía.
Después de la lectura del documento, el diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD), expresó que “no hay voluntad de transparentar las cosas por parte del ejecutivo y de dar la información a esta legislatura”, y argumentó que en una de las respuestas dice “no te puedo dar el contrato porque no me has autorizado para autorizar un nuevo contrato”.
De la misma manera, el legislador Miguel Candila Noh (Morena), recalcó que lo que se pide es para analizar el tema, porque no están de acuerdo como se ha presentado.
En contraparte, la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), señaló que por la terminación anticipada del contrato se pagaría menos que si se mantienen los términos del acuerdo vigente; además, comentó que el Gobierno actual no dejaría en el abandono obras de otras administraciones, como no lo ha hecho, entre otros, con el Centro Internacional de Congresos o el Palacio de la Música, que son patrimonio de los yucatecos, y que están en buenas condiciones. “Cada gobierno tiene la obligación de mantenerlos y cuidarlos, además de que costará menos si el gobierno lo administra”.
El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, argumentó que el anteproyecto para modificar las cláusulas del contrato del museo ya ha sido negociado, porque la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado establece que esa documentación debe ser entregada previamente a la SAF, instancia que deberá entregar dicha información al Poder Legislativo.
Por otro lado, el también presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, dijo que está a favor del ahorro en los recursos públicos, pero señaló que “es un tema de transparencia y cumplir la ley, por lo que tienen la obligación de darnos la información”
A favor, la diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) recordó que la iniciativa solicita la modificación de la cláusula para la terminación anticipada de un contrato, para establecer pagos fijos, en lugar de tarifas ajustadas a la inflación, que sería un ahorro de mil 479 millones de pesos si se tiene un 4% de inflación.
Para finalizar, el presidente de la comisión sometió a votación el proyecto de dictamen y fue aprobado por mayoría, con la abstención de dos diputados.
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