Presentan una demanda de amparo contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de Yucatán
El Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY) y Amicus dieron a conocer que presentaron un demanda de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito contra la administración estatal y el Poder Legislativo por la ausencia de una partida presupuestal que restituya, garantice y atienda los derechos de las poblaciones LGBT+, permita la creación de instancias contra la discriminación y fiscalías especializadas.
En lo que va la presente administración no se ha creado ninguna política pública que atienda las necesidades de la población LGBT en Yucatán, que es vulnerable y recibe un impacto diferenciado. «La falta de atención en políticas públicas para la atención de poblaciones LGBT es violencia institucional porque nos invisibiliza y nos vulnera», señaló César Briceño Castro, vocero del Colectivo PTFY.
Hay un desinterés de las autoridades en considerar un presupuesto para abordar políticas públicas de prevención de la discriminación contra comunidades vulnerables a las poblaciones LGBTIQ+. Un ejemplo de la falta de acciones es la inoperancia del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que casi nadie sabe de su existencia, y las víctimas de discriminación por un particular o funcionario no tienen a donde ir más que las organizaciones de la sociedad civil, señaló el activista Alex Orué.
«(La demanda) es para que se le asigne un presupuesto al Consejo y puedan haber campañas de prevención, tener más personal que atiendan las quejas y den acompañamiento como el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación). La idea es que haya un presupuesto para sensibilización y prevención», abundó.
Al Congreso del Estado, recordó, se le demandó por votar en contra del matrimonio igualitario. En esta ocasión, la demanda de amparo se presentó el pasado 10 de febrero contra el el Poder Legislativo de Yucatán y se replicó en otros gobiernos y parlamentos estatales como Aguascalientes, Querétaro, Estado de México, Veracruz y San Luis Potosí.
«Si las cosas salen bien, para finales de año serán seis entidades con presupuestos focalizados para garantizar los derechos de las poblaciones LGBTIQ. Aspiramos que se convierta en un estándar nacional», precisó Juan Pablo Delgado Miranda, de Amicus.
El año pasado se presentó un recurso en contra del gobierno y Congreso de Guanajuato que fue favorable y se logró modificar el presupuesto de egresos de esa entidad para lograr una partida presupuestal destinada a las garantías de los derechos de las personas de la diversidad sexual, recordó.
Al ganar la demanda de amparo, a partir del Presupuesto de Egresos de 2023 del estado de Guanajuato ya hay una partida garantizada para las poblaciones LGBTIQ, cuya necesidad más apremiante es una clínica especializada para la salud de las personas trans.
«Yo no creo que en el imaginario colectivo del país, Guanajuato iba a ser ejemplo de políticas, de presupuesto ni de planeación relacionada con nuestros derechos. Es el resultado de la presentación de una demanda de amparo», afirmó.
En la República, las entidades que ya cuentan con esa partida presupuestal son Jalisco, Guanajuato y Ciudad de México.