Los Cabildos, tan pronto reciban la minuta, tienen 90 días para aprobar el dictamen de la modificación a la Constitución Política Estatal en materia de violencia de género y deudores alimentarios
Con el propósito de que la modificación a la Constitución Política Local en materia de violencia de género y deudores alimentarios se promulgue de manera constitucional, las integrantes de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy) emplazaron a los 106 Cabidos del Estado a que, tan pronto reciban el dictamen del Congreso del Estado, lo aprueben.
La coordinadora de Amisy, María Eugenia Núñez Zapata, hizo un llamado a los alcaldes y las alcaldesas a sesionar tan pronto reciban el dictamen. «Tienen 90 días para aprobar la minuta, a partir de que la emita el Congreso del Estado», precisó.
En rueda de prensa, se presentó un plan de trabajo en el que las integrantes de Amisy Rosalía López Castillo, Rita Farjat, María Eugenia Núñez Zapata, Marbella Casanova, Sandra Peniche, Silvina Contreras, Ligia Vera y Lidia Laucirica se reunirán con las diputadas y los legisladores de los distritos ocho al 15 para que inviten a los presidentes municipales de sus respectivas demarcaciones para que sesionen y aprueben el dictamen.
«Nosotras, desde la sociedad civil, las y los vamos a buscar. También llamaremos a los diputados de esos distritos para que estimulen a sus alcaldes a celebrar la sesión de Cabildo y aprobar la minuta», dijo María Eugenia Núñez.
Aunque se necesitan la aprobación de 54 Cabildos, el colectivo de feministas va por el mayor número de Ayuntamientos. «Las mujeres de este equipo no nos vamos a cuando menos, nos vamos a cuando más», añadió.
El pasado 31 de mayo, por unanimidad, las fracciones parlamentarias del PAN, Morena, PRI, así como la representación de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Yucatán aprobaron las modificaciones a la Constitución Estatal en materia de violencia de género y deudores alimentarios.
El propósito del dictamen es impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia contra las mujeres y niños en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público de los órdenes de gobierno.
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