El diputado priista Gaspar Quintal Parra consideró que se debe proceder contra cualquier funcionario, sin importar el nivel
El diputado priista Gaspar Quintal Parra opinó que sí las Fiscalías General del Estado y de la República tienen las pruebas de que se fabricaron pruebas para inculpar a policías municipales en el homicidio de José Eduardo Ravelo Echavarría, se debe proceder contra los funcionarios.
«Si tienen las pruebas, deben proceder contra cualquier servidor público, de cualquier nivel. Desde el nivel de los respondientes hasta el nivel de los responsables generales. Si la Fiscalía tiene esos datos, espero que procedan en consecuencia», señaló el presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, quien fue cuestionado sobre si el fiscal Juan Manuel León León debe renunciar al cargo.
También señaló que en México hay un gran problema de impunidad. «Tenemos un enorme problema de combate a la corrupción, que es uno de los principales pendientes, que tenemos como país y Estado, el perfeccionar la impartición de justicia», dijo.
El pasado 28 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el joven veracruzano murió de neumonía y que los elementos municipales no lo violaron sexualmente ni lo torturaron.
Pero lo que más conmocionó a la opinión pública y la sociedad en general, fue que el órgano federal afirmó que se «personal de la Fiscalía General del Estado que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales».
Horas después, el gobierno del Estado informó que se ordenó la separación inmediata de sus cargos para que respondan a los señalamientos de la FGR.
Asimismo, se continuará colaborando con las autoridades federales en la investigación del personal de salud que atendió a la víctima en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” para que respondan lo que a su derecho convenga y la FGR deslinde responsabilidades.
El dictamen dividió las opiniones en las redes sociales. Por una parte, pidieron la renuncia del fiscal estatal y activistas calificaron de impunidad el crimen contra Ravelo Echavarría.
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