Al cumplirse este 15 de noviembre los primeros 10 años del inicio del sistema penal acusatorio y oral en el estado, Yucatán destacó este año en los resultados de un ranking nacional que mide la calidad y eficacia de la justicia penal.
El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del World Justice Project (WJP) (Proyecto de Justicia Mundial), organización internacional independiente que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, la calidad y eficacia de la justicia penal en Yucatán registró avances destacados en plena pandemia, al pasar el estado del lugar 14 a la posición 4 en un solo año.
Mientras 16 estados del país cayeron en esta medición, que evalúa la efectividad y calidad del sistema de justicia penal, Yucatán registró avances para ubicarse por arriba del promedio de las entidades del país y ganar 10 posiciones con respecto a la medición anterior 2019-2020.
Esta mejora en el desempeño de la justicia penal contribuyó a posicionar al estado en el primer lugar del ranking global de Estado de Derecho, en su edición 2020-2021 que fue dada a conocer recientemente.
“Un sistema de justicia penal efectivo es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios y debe respetar los derechos de las víctimas y personas acusadas”, apunta el reporte de WJP.
Cabe apuntar que el Poder Judicial de Yucatán implementó el sistema de procesamiento penal mediante audiencias orales y bajo una serie de principios que resguardan los derechos humanos de todas las partes el 15 de noviembre de 2011 y de manera gradual se instauró en todo el estado.
En la segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia llevó a cabo una preparación exhaustiva de Magistradas y Magistrados, quienes resuelven las apelaciones que las partes promueven como recurso legal de inconformidad con las decisiones de los jueces y juezas de primera instancia.
Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia cuenta con la Sala Colegiada Civil y Penal, integrada por la Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega y los Magistrados Luis Felipe Esperón Villanueva y Marcos Alejandro Celis Quintal.
Por su parte, la Sala Colegiada Penal y Mercantil, que también resuelve asuntos de esta materia en segunda instancia, está integrada por las Magistradas Leticia del Socorro Cobá Magaña, Ingrid I. Priego Cárdenas y el Magistrado José Rubén Ruiz Ramírez.
Cabe señalar que la evaluación de la justicia penal es uno de los factores que la organización WJP midió para elaborar el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021.
En el resumen Ejecutivo de este reporte, WJP reconoce que “el principal reto en materia de Estado de Derecho durante la emergencia sanitaria fue sin duda el sistema de justicia penal”.
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