La iniciativa también propone prevenir, sancionar y erradicar esa práctica violatoria de los derechos humanos
La bancada priista en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar diferentes leyes con el objetivo de aumentar las penas a los funcionarios que ejerzan, encubran o induzcan la tortura, así como prevenir, sancionar y erradicar.
El diputado Gaspar Quintal Parra, coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, dio a conocer que la propuesta surgió de los casos de tortura que han cometido cuerpos policiales de los niveles federal, estatal y municipal.
La propuesta tiene por propósito definir la tortura de manera amplia. «Una definición que abarque cualquier tipo de situación de esta naturaleza. No sólo especificar la tortura, si no por actos denigrantes, con una visión que tienen los diversos organismos de derechos humanos para prevenir, sancionar y erradicar la tortura», detalló.
En tribuna del pleno en el Salón “Constituyentes de 1918”, el legislador señaló que el Revolucionario Institucional considera «importante pugnar por un estudio y actualización constante de la normativa local, para evitar en gran medida la existencia de preceptos normativos que atenten en contra de los derechos humanos, fortaleciendo la legislación local en materia de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con enfoque preventivo, sancionador, reparador del daño causado y la garantía de su no repetición, reconociendo con enfoque preventivo y sancionador, en su caso».
Entrevistado al respecto, Quintal Parra precisó que se avocarán a un estudio profundo de la normatividad referente a la tortura en Yucatán. «Estamos haciendo las diversas propuestas a los diferentes ordenamientos, que van desde la propia Ley de Salud, Ley de la Comisión de Derechos Humanos, el Código Penal Local, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Ley de la Fiscalía General del Estado para especificar el tema de tortura», comentó.
La iniciativa también incluye generar un plan estatal que «considere la capacitación del personal de seguridad pública, políticas de prevención, programas de atención a víctimas de tortura, con especial énfasis en víctimas de tortura que se encuentran privadas de su libertad, así como las medidas de protección eficaces en estos casos; asimismo, que se implemente una comisión de seguimiento y observancia del avance en esta materia, en nuestra entidad, con un impacto en siete normativas».
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