A pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el desarrollo Villas María, en Sisal, los apoderados legales del terreno Sueños de Silvia S de RL de CV, María José Cruz del Toro y Gabriel Maquivar Pérez, desacataron autoridad federal y continuaron con la construcción, que representa un peligro para el entorno natural del puerto.
Pobladores de Sisal llamaron a las autoridades para actuar y clausurar de forma definitiva la obra, que inhabiliten el terreno por varios años y que les exijan reforestar el área.
Ante la decisión de los desarrolladores de violar las normas y desafiar la legalidad, crece en el puerto la inconformidad por parte de los ciudadanos que consideran urgente la intervención de las autoridades competentes, ya que la autoridad municipal ha intimidado a quienes levantan la voz, por ello no proporcionaron sus nombres.
Recordaron que el pasado 11 de abril fue clausurada la obra, por carecer de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito fundamental para cualquier construcción en el municipio, tras varias denuncias ciudadanas.
Refirieron que Cruz del Toro y Maquivar Pérez, contrataron los servicios de Eugenia Correa, ex directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida, propietaria de Ambiente Sustentable Consultoría y Gestión, para la realización de la MIA, consultora que estuvo involucrada en casos polémicos e ilegales como fue el de Villas 33, ahora Sandré.
Expusieron que Villas María no respetó las leyes municipales y costeras, que prohíben construcciones superiores a 3 pisos, ya que proyecta 4 villas de 3 pisos y 2 edificios de 5 pisos en un terreno de 2 mil 287.99 metros cuadrados y 915.2 metros cuadrados de construcción, que representa un impacto del 40 por ciento en el área.
Además, la obra en curso incumple la ley y causan daño irreparable al ecosistema, pues abarca mil 890 metros cuadrados, impactando el 100 por ciento del terreno y la zona federal, indicaron.
Los desarrolladores de Villas María están construyendo a un ritmo muy veloz, trabajando incluso de noche, lo cual está prohibido.
Precisaron que el proyecto no cumple con los requisitos para la licencia de construcción, no tiene una MIA aprobada, impacta el 100% del terreno, se construye en una zona de unifamiliares e invade la zona federal.
Ciudadanos de Sisal señalaron que este tipo de violaciones y actitudes por parte de personas provenientes de otros estados, acostumbradas a pagar multas para poder realizar sus mega obras, no se pueden permitir. Estas acciones, subrayaron, causan un daño irreversible a la naturaleza, al valor de las propiedades de Sisal y su certeza jurídica.
De seguir con esta obra, dijeron, las autoridades envían un mensaje distorsionado de impunidad a los desarrolladores que no respetan las leyes y depredadores de la naturaleza.
“Los ciudadanos tenemos el deber y la responsabilidad de denunciar obras de forma ilegal y las autoridades tienen el deber y la responsabilidad de actuar, pues es la oportunidad de demostrar que entre ciudadanos y autoridades se puede defender a Sisal de estos depredadores y poner un ejemplo en Yucatán», destacaron.
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