El organismo fue creado el pasado 24 de junio por el Congreso del Estado, tiene por objetivo orientar a las víctimas de violencia política en razón de género
Las promotoras de la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género” en Yucatán exigieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) que designé un presupuesto para la Defensoría Pública de los Derechos Políticos de las Mujeres.
-Hicimos el compromiso de acompañar al Iepac para que contar con el presupuesto necesario para que la Defensoría trabaje. No te puedo decir: “Te doy más chamba”, y no hay presupuesto. Tanto los programas electorales como el equipo para que la defensoría funcione bien, requieren de un presupuesto –señaló María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora estatal de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy).
Este organismo, aprobado para su creación por el Congreso del Estado el pasado 24 de junio, brindará atención y acompañamiento a todas aquellas personas que sufran violencia política en razón de género; contará con abogadas expertas en materia electoral, capacitadas con perspectiva de género y derechos humanos, y muy importante, que sean abogadas mayahablantes.
La defensoría es un un órgano desconcentrado del Iepac, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objetivo es otorgar gratuitamente servicios de defensa y asesoría en materia electoral, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de discriminación o desventaja histórica, así como a otras que lo justifiquen al solicitar el servicio.
La propuesta surgió de una petición de Amisy al INE, cuando lo presidió Lorenzo Córdova Vianello, tras lo sucedido con Xóchitl Flor de Lis Delgado Caballero y Blanca Carolina Vázquez Bacab, ex síndicas municipales de Kanasín y Maní respectivamente, quienes fueron víctimas de violencia política en razón de género.
-Los abogados expertos en materia electoral, en su mayoría, trabajan en los partidos políticos; no hay despachos particulares encargados para ese tipo de casos. Por eso planteamos a la diputada Vida Gómez Herrera (MC), con quien trabajamos la “Ley 3 de 3”, que se cree una defensoría jurídica para las mujeres – destacó la activista Núñez Zapata.
En su momento, la legisladora emecista Vida Gómez expuso, ante la tribuna del Recinto Legislativo, que la creación de la instancia de defensa pública de los derechos políticos de las mujeres en Yucatán es una muestra del respaldo a todas las yucatecas que requieran hacer valer sus derechos político-electorales.
«Todas las mujeres que hemos incursionado en política, hemos sufrido alguna forma de violencia en razón de género. Son los testimonios los que avalan esta afirmación. En los procesos electorales, hay víctimas de violencia política en razón de género. Víctimas de las que casi nadie habla», comentó.
Por su parte, la diputada panista por el Distrito 13, Carmen González Martín, aseveró que las personas pertenecientes a la comunidad indígena maya, de la comunidad LGBTIQ+, con discapacidad, adultos mayores, jóvenes, mujeres que sufran algún tipo de violencia política en razón de su género, personas migrantes y demás contarán con un órgano público que les proporcionará servicios de defensa y asesoría jurídica en materia de sus derechos políticos-electorales.
Las activistas también solicitaron a los consejeros electorales, que el Iepac sea garante de que la “Ley 3 de 3” se cumpla, es decir, negarle las candidaturas a quienes hayan cometido violencia política en razón de género, sean deudores alimentarios o sean acosadores sexuales, por mencionar algunos casos.