Tras la no ratificación del juez Bonilla, activistas piden que se retome el caso de Luis Armando Mendoza, consejero acusado de violentar a las mujeres.
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Las promotoras de la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género” advierten que esa reforma será respetada, cumplida y aplicada.
La “Ley 3 de 3 contra la violencia de género” llegó a Yucatán para ser respetada, cumplida y aplicada. Cualquier persona o entidad que pretenda su no aplicación encontrará siempre con nuestra lupa ciudadana, observatorio ciudadano y el valor cívico que tenemos las mujeres al levantar la voz contra quienes no respeten la ley, aseguró María Eugenia Núñez Zapata, integrante de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY).
Durante una rueda de prensa realizada el pasado viernes, las activistas celebraron la no ratificación del juez de control Rómulo Bonilla Castañeda, quien tuvo observaciones en su actuar por falta de perspectiva de género.
“Esperamos que no sea este el último caso, porque nosotros tenemos una lista de casos, de jueces, de testimonios que iremos aportamos, cuando se cumplan los plazos, sino es que antes, sean removidos y no sigan aplicando violencia, desde sus puestos, a gente que acude en busca de justicia”, señaló la activista.
La promotora de la “Ley 3 de 3” señaló que la decisión del Consejo de la Judicatura sienta bases por la aplicación de la ley que busca limpiar al Poder Judicial de los violentadores. “La no ratificación se mantenga firme; aunque, obviamente, ya inició un proceso en objeción de no ratificación. Espero que el Consejo de la Judicatura no sólo reciba el respaldo, sino que abra el espacio para reunir testimonios y pruebas para solventar la decisión que tomaron”, señaló.
Las activistas por los derechos políticos de las mujeres reconocieron públicamente a la magistrada presidente María Carolina Silvestre Castro Valdés escuchó las demandas de las feministas de no proteger a los agresores de mujeres y empezar la limpieza en el Poder Judicial.
También exhortaron al Consejo de la Judicatura para que retome el caso de Mendoza y aplicar el mismo criterio que con Bonilla, para que más adelante no sea ratificado. Con respecto a la jueza Elsy Villanueva Segura, quien fue ratificada, señaló que, si tiene quejas en su contra por violencia de género, no debe continuar en el cargo.
Víctimas del sistema de justicia de Yucatán
En la rueda de prensa estuvo presente Greta Corona, quien fue víctima de intento de feminicidio, privación de libertad (secuestro), inducción al suicidio y tortura física y psicológica, además de que en reiteradas ocasiones fue revicitimizada por el juez Bonilla Castañeda y el sistema de justicia de Yucatán.
“Durante cuatro años y medio, fueron cinco audiencias en las que no solo no fui valorada ni rescatada, fui humillada, violentada y fue una violencia en escalada. Lo que empezó en 2018 se dio carpetazo sin que hubiera una repercusión hacia las personas involucradas y todas las repercusiones siguen cayendo en mi persona. Estoy aquí porque el Tribunal Superior le hizo tres llamamientos porque me revictimizó una y otra vez”, relató.
Janeth Carmina Alonso Alamilla, también revictimizada por Bonilla Castañeda, comentó que después de lograr una vinculación a proceso, pese a presentar las pruebas contra el agresor, el juez decidió dejarlo en libertad porque estuvo en presión preventiva. La defensa del presunto victimario presentó un recurso de apelación en el Tribunal Superior del Estado, los magistrados Ligia Cortés, Manuel Esperón y Manuel Heredia ordenaron reponer la audiencia de vinculación, pero el juez resolvió la libertad inmediata.
“El juez resuelve conforme a su modo, cuando debería resolver conforme a la ley y derecho. Después meto un recurso de revocación para reponer la audiencia, él en vez de apoyarme con las pruebas decidió confirmar un ejercicio de no acción penal y sobreseyó mi caso. Es decir, lo cerró sin que tenga la oportunidad de hacer algo. Todo esto sucedió en la pandemia, en febrero de 2021, no pude hacer nada”, comentó.
Acompañamiento a las víctimas
Por su parte, la doctora Ligia Vera Gamboa invitó a quienes viven cualquier situación de violencia escribir al Facebook de AMISY para informar del caso y de requerirse acompañamiento brindarlo. “Cuando van solas es una cosa, pero cuando tienen a un grupo apoyando, ya lo piensan”, aseveró.
Cuando recién se aprobó la Ley 3 de 3, recordó, el Poder Judicial de Yucatán nombró a Luis Armando Mendoza como consejero de la Judicatura, pese a las denuncias penales en su contra por violencia de género.
En aquella ocasión, comentó, las integrantes de AMISY protestaron en las puertas del Tribunal Superior, pero no pudieron evitar ese nombramiento porque la ley todavía no estaba publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y por lo tanto no entraba en vigor pese a que poco más de 90 cabildos aprobaron la minuta del Congreso del Estado
En otro tema, las activistas adelantaron que presionarán para que el caso de Ligia Canto Lugo sea revisado por el Consejo de la Judicatura, pues el juez Jorge Alberto Carrillo Canché lleva cuatro años sin dictaminar la pensión de los hijos de Emma Gabriela Molina Canto.
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