Presupuesto Federal 2024: sacrificará ahorros para financiar el gasto electoral.
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El proyecto de presupuesto federal para 2024 ha presentado una propuesta que ha generado controversia y preocupación. Esta propuesta busca aumentar diez veces el cobro de retenciones destinado a inversión como un intento de solventar el elevado gasto electoral previsto para el próximo año.
Esta medida plantea un dilema importante, ya que impactaría directamente a los ahorradores, desincentivando tanto el ahorro como las inversiones. Ambas prácticas son esenciales para el desarrollo económico y el crecimiento no solo del país, sino también de la región de la Península de Yucatán.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone, para el año 2024, una actualización de las retenciones de rendimientos generados por el ahorro en instituciones financieras como bancos o Afores, pasando de un 0.15% a un 1.48%. Esto representa un incremento significativo que afectaría directamente la capacidad de los ahorradores para mantener y hacer crecer sus ahorros.
El especialista y consultor en temas fiscales nacionales, Alejandro Sánchez, ha advertido que este aumento en el presupuesto de inversión podría considerarse como un castigo a los ahorradores. Esto se debe a que tendría un impacto negativo en su capacidad para generar y preservar sus ahorros, lo que va en contra del sano desarrollo económico y social de cualquier país.
Sánchez comentó: «El ahorro individual y colectivo se considera fundamental para el sano desarrollo económico y social de cualquier país. La propuesta ha generado descontento, al considerarse una estrategia para financiar el elevado gasto electoral del año 2024». Esto plantea interrogantes sobre la autenticidad de las políticas propuestas y si en realidad buscan beneficiar a la población o simplemente cumplir objetivos electorales.
En última instancia, esta medida propuesta se percibe como una forma institucional de afectar a la población en general, lo que ha generado preocupación y debates sobre la transparencia y la equidad en el manejo de los recursos públicos en el contexto político y electoral. La sociedad sigue atentamente esta polémica propuesta y sus posibles repercusiones en el futuro económico del país y la región de la Península de Yucatán.
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