La persecución que la Policía Municipal de Mérida hizo contra trabajadores sexuales es una muestra de la violación de los derechos humanos a un sector vulnerable en esta pandemia, opinó la consejera jurídica de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (Unasse), Amelia Ojeda Sosa.
La entrevistada recordó que las modificaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, que entró en vigor el 14 de septiembre de 2019, criminaliza y estigma a quienes se dedican al trabajo sexual.
“Ejercer el trabajo sexual en la vía pública ¿a qué se refiere? Y si están pensando en tener ese tipo políticas, administrativas con sanciones, también deberían considerar tener políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de mujeres que ejercen el trabajo sexual porque, actualmente, por la crisis económica que es dada por esta pandemia del Covid-19, pues estas mujeres tienen que buscar los recursos económicos que le permitan mantener a sus familias”, explicó.
En días pasados, Unasse y Equipo Indignación dieron a conocer que el pasado 10 de agosto, la Policía Municipal detuvo de manera arbitraria a ocho trabajadoras sexuales que laboraban por el rumbo del barrio de San Cristóbal porque no guardaban la distancia y cometer disturbios.
Y anteayer, en un operativo similar, detuvieron a otras siete mujeres en las mismas inmediaciones del parque de San Cristóbal.
La consejera jurídica precisó que no es lo mismo el trabajo sexual y la trata de personas, problema que debería atender la corporación.
“En el caso del trabajo sexual, lo que sucede con la disposición de Bando y Buen Gobierno, es permitir que la Policía Municipal extorsione, ejerce abuso de autoridad e, incluso, actos que podrían considerarse tortura en contra de las mujeres”, añadió.
Amelia Ojeda recordó que el año pasado se presentaron dos amparos contra el Ayuntamiento por haber aprobado la fracción VI del artículo del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, al presidente municipal Renán Barrera Concha por haber publicado la norma en la Gaceta Municipal y al director de la corporación Mario Arturo Romero Escalante por aplicar la normatividad y realizar todas las redadas.
“Ya se han dictado medidas cautelares, pidiéndole a la autoridad que se abstenga de realizar ese tipo de acciones. Lo que sabemos es que la Policía Municipal, ya las aceptó y bueno, tanto Unasse como Indignación vamos a estar vigilantes de que se cumplan y no violentan los derechos humanos de estas mujeres”, comentó.
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