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Kanasín, Umán, Tizimín y Progreso entre los más señalados por la CODHEY

codheyLas autoridades señaladas con mayor frecuencia como responsables de violar los derechos humanos son las secretarías de Educación, Salud, Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, así como los ayuntamientos de Kanasín, de Umán, de Tizimín y Progreso, informó José Enrique Goff Ailloud, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

En entrevista el ombudsman indicó que los hechos violatorios que señalan con más frecuencia los ciudadanos son las detenciones arbitrarias, la privación ilegal de la libertad, las retenciones, la prestación indebida de servicio público, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las lesiones.

En otro tema, el presidente de la Codhey informó que recibió un organismo encaminado, “pero hay que hay que seguir posicionándolo, ganando la confianza de los ciudadanos, mejorar el tiempo de respuesta, hoy el tiempo de respuesta anda alrededor de los 18 meses”.

“Tenemos que ceñirnos a lo que marca la propia ley, que son de 9 meses, y trabajaremos en ese sentido para ajustarnos los procesos internos y los mecanismos para que la tramitación de los expedientes no tarde más de 9 meses en lo que podamos emitir una resolución definitivo”, agregó.

Goff Ailloud explicó que trabajará para tener una Codhey más ágil, con procesos menos burocratizados y más eficientes que permitan dar una respuesta más pronto a los ciudadanos, buscando el beneficio hacia ellos, y la restitución del goce de sus derechos afectados.

El nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán detalló que las autoridades aceptan las recomendaciones que emiten, y en el 70 % de los casos las han cumplido.

“Estamos trabajando con las reformas pues se les han dado mayor eficacia y eficiencia a las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos humanos, que si bien no pierden su naturaleza no vinculatoria, es decir, siguen siendo no obligatoria para la autoridad, pero con estas reformas constitucionales se le busca dar mayor eficacia y eficiencia a las recomendaciones que emiten los organismos públicos y de cierta forma acabar con la impunidad que pudiera existir en materia de derechos humanos”.finalizó

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