El coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, Gaspar Quintal, señaló que es necesario reconocer la salud mental como un derecho humano para garantizar asignación de recursos en políticas públicas de prevención del suicidio.
Mérida, Yucatán, 14 de enero de 2025
El coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, Gaspar Quintal Parra, afirmó que es urgente realizar una revisión exhaustiva a la Ley de Salud Mental en Yucatán, con el objetivo de analizar por qué no se han alcanzado los resultados esperados, especialmente en lo relacionado con la prevención del suicidio.
En este contexto, destacó la importancia de ampliar el marco normativo para incluir explícitamente la salud mental como un derecho humano en la Constitución yucateca, lo que garantizaría la asignación de recursos para implementar estrategias más eficaces contra este problema de salud pública.
«Es evidente que el cumplimiento de esta norma ha sido insuficiente para reducir la tasa de suicidios en Yucatán, pues lamentablemente año con año cientos de familias tienen que enfrentar estas dolorosas tragedias», subrayó.
De acuerdo con datos del Inegi, Yucatán ocupa el segundo lugar nacional en tasa de suicidios, con 14.3 suicidios por cada 100 mil habitantes registrados en 2023.
Gaspar Quintal insistió en que el presupuesto destinado para la atención de la salud mental continúa siendo insuficiente. Indicó que, aunque en 2025 se asignaron 35 millones 51 mil 601 pesos al rubro de salud mental, un aumento superior a los 15 millones respecto al año anterior, el PRI estará vigilante de que los programas estatales se apliquen efectivamente y beneficien a toda la población.
Asimismo, recordó que en octubre de 2024 su bancada presentó una iniciativa en el Congreso local para reconocer la salud mental como un derecho humano, reforzando el compromiso del Estado de implementar políticas públicas que aseguren el acceso universal a los servicios de salud mental.
«Por eso es tan necesario reconocer la salud mental como un derecho humano, para que el Estado se comprometa a aplicar políticas públicas que aseguren el acceso universal a los servicios de salud mental», recalcó Quintal Parra.
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