El coordinador de la bancada del PRI argumento el voto en contra porque se duplicará la deuda pública y seguirá ahondando la brecha de desigualdad entre Mérida y los municipios del interior del estado
En congruencia con los principios del PRI, la Fracción Legislativa razonó el voto en contra de que el Gobierno del Estado adquiera un endeudamiento de mil 735 millones de pesos, ya que no existe certeza sobre la rentabilidad económica y social del proyecto del transporte Ie-Tram, además de que acrecentaría el monto de las cargas financieras de otras deudas, y porque el derecho humano a la ciudad no fue ejercido ni tomando en cuenta como eje rector en la política de movilidad que se pretende implementar.
Al hacer uso de la Tribuna del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, recordó que desde que tuvieron conocimiento de esta solicitud del Ejecutivo ofrecieron un voto razonado sustentado en la evaluación social del proyecto; la capacidad actual de endeudamiento; y la prioridad del gasto planteado en relación a las necesidades de infraestructura de Mérida y los municipios del interior del estado.
En ese sentido, señaló que en la exposición de motivos de la iniciativa del empréstito no se detalla las obras, acciones y estudios requeridos para el proyecto del Ie-Tram, por lo que se corre el riesgo de iniciar un trámite de endeudamiento sin tener la certeza de que los recursos solicitados serán los suficientes o los necesarios para concluirlo de manera eficiente.
Adicionalmente, en ninguna de las partes del proyecto se hace referencia a la o las dependencias encargadas de la ejecución de los trabajos de construcción, ni se menciona mediante qué instrumentos se administrarán los recursos de las tres fuentes de financiamiento (federal, estatal y privada) para el Ie-Tram.
“No se puede medir lo que no se conoce y si no se puede medir, no se puede evaluar la eficiencia, la eficacia y los impactos que tendría dicho proyecto. Consideramos que antes de contratar una deuda, es necesario definir un proyecto con la metodología adecuada que permita evaluar la pertinencia de las acciones y su costo sobre los beneficios, si la intervención pública es o no efectiva; si se ha tomado la alternativa más adecuada; y si existen elementos para prever que se alcanzarán los objetivos planteados”, recalcó.
Sobre la capacidad de endeudamiento, Gaspar Quintal explicó que la deuda pública del Gobierno del Estado con corte a diciembre del 2021 ascendió a 6 mil 244 millones 435 mil pesos, lo que representa un aumento del 59 por ciento en comparación a lo comprometido en diciembre del 2018. Por tal razón, la contratación de una nueva línea de crédito acrecentaría el monto de las cargas financieras.
Además, abundó el diputado, el Ejecutivo no ha presentado al Congreso del Estado un informe del avance en la aplicación de recursos y lo relacionado a la suficiencia presupuestal de la deuda por mil 500 millones de pesos que se le autorizó en el 2020 para hacer frente la pandemia de COVID-19.
“Reconocemos que la deuda pública es un instrumento para gobernar, pero únicamente es viable cuando se encuentra bien focalizado como una fuente de recursos para el desarrollo. Le apostamos a un desarrollo sostenible, que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las capacidades futuras. No debemos poner en riesgo a las generaciones futuras por un manejo irresponsable de los recursos presentes”, enfatizó.
El coordinador de la Fracción Legislativa del PRI explicó que junto con la diputada Karla Franco Blanco votó en contra porque el proyecto del Ie-Tram se limita a Mérida y su área metropolitana, sin tomar en cuenta a más de cien municipios del interior del estado, los cuales presentan graves rezagos en materia de infraestructura social básica. En ese punto, declaró que continuar con políticas sin perspectiva de desarrollo regional equilibrado seguirá ahondando la brecha de desigualdad que prevalece hasta ahora entre la capital de estado y los municipios del interior.
Recordó que recientemente las y los diputados aprobaron por unanimidad el reconocimiento del derecho humano a la ciudad para todos los yucatecos y no solo para quienes habiten o transiten en Mérida, precisamente para disminuir esa brecha y eliminar las ciudades o poblaciones de primera y poblaciones de segunda.
Dijo que concentrar la inversión acrecentará esa brecha, pues mientras se pretende que Mérida cuente con un transporte de “primer mundo”, en la mayoría de los municipios su principal sistema de movilidad es el tricitaxi.
Gaspar Quintal sostuvo que en el proyecto del Ie-Tram no se analiza su rentabilidad económica y social, ni plantean mecanismos que aseguren el uso eficiente, seguro y rentable del empréstito. Además, el derecho a la ciudad no fue ejercido, ni fue tomado en cuenta como eje rector en una política relacionada con la movilidad, dejando a un lado los principios de justicia social, democracia, participación ciudadana, igualdad, sustentabilidad, y respeto a la naturaleza y al ambiente.
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