Rosario Piedra Ibarra es una piedra en el camino para la consecución de los derechos humanos, advirtieron activistas
Un total de 436 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Observatoria MX y la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), solicitaron públicamente la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad para dejar sin validez a la Ley 3 de 3 contra la violencia de género porque violentaba los derechos de los deudores de pensión alimenticia.
En rueda de prensa, las activistas también solicitaron que, en caso de que la señora Piedra Ibarra no presente su renuncia, el Senado de la República inicie el procedimiento para su destitución debido a que «la CNDH ponga toda su fuerza moral y utilice el lenguaje de los derechos humanos para perpetuar y reforzar prácticas que afectan a las mujeres, niñas y niños».
También pidieron a la SCJN ratifique la constitucionalidad de las reformas a leyes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Código de Administración Pública que fueron aprobadas por cinco fuerzas políticas del Congreso del Estado.
Sandra Peniche Quintal, de Observatoria MX, señaló que la CNDH no puede ser rehén de gente sin escrúpulos y, advirtió, que rescatarán ese organismo autónomo, pues «Rosario Piedra Ibarra es un obstáculo en el camino para la consecución de los derechos humanos. Tal parece, funciona como un títere de cuando al menos tres hombres y, posteriormente lo vamos a dar a conocer».
Por su parte, la coordinadora estatal de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (Amisy), María Eugenia Núñez Zapata, precisó que «un deudor alimentario es un violentador.
«Además, cómo es posible que sea hasta este momento, cuando se mencionó los lineamientos del INE en el anterior proceso electoral y que seis estados en sus leyes electorales está plasmada la 3 de 3», comentó.
Las activistas advirtieron que, de no encontrar una resolución favorable en la SCJN, llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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