Sería cuestionable que tome posesión del cargo, si no hay la Ley, reconoció la presidencia de la Mesa Directiva
Mérida, Yucatán, a 1 de junio de 2023.– En próximos días, la Consejería del Gobierno del Estado enviará al Poder Legislativo la Ley Orgánica de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán (Aipey) para que sea aprobada y Olga Rosas Moya pueda rendir protesta como titular por los próximos 15 años de ese organismo autónomo.
El presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura 63, el diputado José Rihani González, señaló: «una vez aprobada la Ley Orgánica de la Agencia, el reglamento de la misma podría hacerse después, por lo que el nombramiento de la ex secretaria de Administración y Finanzas es perfectamente legal, pues está ligado a un decreto que ya está aprobado y esto ya está en ley y no es cuestionable».
Sería cuestionable que tome posesión del cargo si no hay la Ley, por lo que cuando esté listo el marco jurídico se harpa la conducente”, precisó el asambleísta por el Distrito 9, quien aseguró que la Agencia será de gran trascendencia para el Estado.
«Cada vez escuchamos de más desarrollos, de más inversiones, pero pocas veces le podemos ver la cara a esas inversiones y esto es, hasta cierto punto, preocupante. Creo que el combatir el lavado de dinero o el dinero de procedencia ilícita que se quiera invertir en Yucatán a mediano plazo nos va a ayudar a que mantengamos la seguridad en nuestro Estado, que es uno de nuestros bienes más preciados», señaló.
La Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán (Aipey) trae consigo también nuevos delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que puede cometer al que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, altere, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera en territorio estatal, o de éste hacia fuera o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita.
Esto, sobre todo con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. Se le impondrán entonces de 5 a 10 años de prisión y de mil a 5,000 días multa.
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