El Poder Legislativo da otro paso más, busca que la tentativa de feminicidio se castigue con prisión
Por decisión unánime, las fuerzas políticas del PAN, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PRD del Congreso del Estado aprobaron modificaciones al Código Penal Local en materia de protección a la mujer embarazada, en el que se especifica la sanción a la violencia de género que atente contra la vida.
Además, la fracción parlamentaria de Acción Nacional presentó una iniciativa para que la tentativa de feminicidio se sancione con prisión y se hizo un llamado al gobierno federal para que envíe los recursos para la operación del refugio para mujeres víctimas de violencia, a cargo del Ayuntamiento de Mérida.
Por unanimidad, se aprobó la iniciativa la reforma para elevar la pena para el delito de violencia familiar y feminicidio, cuando la víctima esté embarazada. Es decir, el castigo pasa del mínimo de dos a tres años a una máxima de siete a ocho años.
De igual manera se incluyó como agravante que si este delito se comete cuando la mujer curse un embarazo o hasta los seis meses posteriores al parto, la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras más de la pena máxima.
La diputada Karla Franco Blanco, en representación de la bancada priista que presentó la iniciativa, expuso que el propósito es claro. «Aquel que atente contra la vida e integridad de nosotras las mujeres lo pague con más años de cárcel. Esto, atendiendo a que tristemente los delitos más graves como el feminicidio, muchas veces, tiene como punto de partida indicios de violencia familiar», señaló desde la tribuna.
Otros asuntos desahogados en el orden del día fue la aprobación del haber de retiro vitalicio para la magistrada Adda Lucely Cámara Vallejos. El dictamen fue aprobado por 20 votos a favor y cuatro en contra, provenientes de la fracción parlamentaria de Morena.
También se aprobó por unanimidad que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por sujetos del régimen sancionador electoral.
En asuntos generales, la diputada panista Karem Achach Ramírez presentó la iniciativa para que la tentativa de feminicidio se sancione con prisión y que «este tipo de violencia no se pueda clasificar como otro delito si existe por lo menos una de las razones de género establecidas para los casos de feminicidios».
La legisladora por el Distrito 3 Local argumentó: «Esta homologación es necesaria, porque se requiere un verdadero castigo para los agresores. Muchas mujeres siguen a la espera de justicia y muchas otras sólo han visto cómo sus agresores quedan en libertad porque fueron sancionados con delitos menores».
En ese mismo tenor, la diputada Manuela Cocom Bolio exhortó a la federación para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim), envíe los recursos para el funcionamiento de los 72 refugios para mujeres víctimas de violencia, que existen en México.
La asambleísta por el Distrito 6 Local mencionó que, desde hace cuatro meses, el Centro de Atención y Refugio para Mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia extrema (Carem), de Mérida, no ha recibido los gastos de operación por que hoy día sólo atiende a ocho núcleos de familia, cuando tiene capacidad para 12.
Por su parte, el diputado morenista Rafael Echazárreta Torres pidió el uso de la Tribuna para defender a la Cuatroté y proponerle al gobierno del Estado que los 800 millones de pesos, de libre disposición, que recibe por el cobro de las cuotas a las zonas arqueológicas sean re-direccionados para los gastos de operación del Carem.
La diputada de Morena Rubí Be Chan usó la Tribuna para presentar una iniciativa cuyo objeto sería beneficiar a pacientes que padecen de insuficiencia renal crónica o ICR y la instalación de unidades de hemodiálisis en cada centro hospitalario para atender a un universo mayor a 35,000 personas y generar condiciones para impartir capacitación a familiares a efecto de practicar diálisis domiciliaria.
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