Temen que el alcalde Julián Zacarías Curi ratifique a ese presunto criminal para los próximos tres años
Ciudadanos, así como elementos de la Policía Municipal de Progreso denunciaron públicamente que el director de la corporación, Emilio Caamal Gutiérrez, ha cometido detenciones ilegales, privaciones ilegales de la libertad, levantones, extorciones, amenazas, acoso sexual a las agentes mujeres y hostigamiento laboral a los varones.
El temor más grande de los quejosos es que el alcalde Julián Zacarías Curi ratifique para el periodo 2021-2024 a un funcionario municipal que se ha encargado de violar los derechos humanos de ciudadanos y agentes por igual, expusieron las víctimas en rueda de prensa realizada frente al Palacio de Gobierno.
Jahir Ávila Muñoz, elemento de la policía progreseña, relató que por negarse a seguir las órdenes del comandante Caamal Gutiérrez fue esposado, encarcelado, golpeado y obligado a firmar su baja voluntaria, situación a la que se negó.
Otras irregularidades que detectó fue la detención de automóviles, que «le gusta o se les hace bonito» para llevarlos al corralón, cobrarles multas muy elevadas a los dueños, que no pueden pagar, y después venderlos por lotes.
En 2018, cuando se inició la administración de Zacarías Curi, en el corralón de Progreso había 3,500 vehículos, de los cuales quedan 290 autos y 300 motos.
Lo más preocupante son los presuntos casos de violación y acoso sexual del cual fueron víctimas las agentes mujeres, como expuso Dulce, ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La joven, empleada administrativa de la Policía, comentó que un día ingresó a la oficina de Caamal Gutiérrez, donde intentó tocarla, pero se opuso y el comandante la amenazó con hacerle daño a la madre de la víctima.
Ante los cuestionamientos de si hay casos de acoso sexual, la entrevistada dijo que escuchó que a una chica intentó agarrarla, pero ella puso resistencia, la amenazaron con una pistola y jamás regresó a la corporación.
Dariana Quintal Nárvaez, abogada de las víctimas, mencionó que ha documentado ocho casos: cuatro de agentes y cuatro de ciudadanos, que se han denunciado ante el Tribunal Administrativo, pero que se hará lo propio en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Las denuncias ya se hicieron llegar al Congreso del Estado, al primer edil progreseño y otras autoridades.
“Las víctimas responsabilizamos al gobierno de Julián Zacarías Curi de cualquier situación, atentado a nuestra persona, integridad o nuestras familias”, expuso.
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