El Ombudsperson Miguel Óscar Sabido Santana rindió su informe anual de actividades en el Poder Legislativo
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, rindió su informe anual de actividades correspondientes al año 2021 en el Pleno de la 63 Legislatura del Congreso del Estado.
De enero a diciembre de 2021, el organismo autónomo realizó 274 supervisiones donde se documentaron las condiciones en las que se encuentran las cárceles públicas, centros de reinserción social, hospitales, centros de salud, así como el Centro de Atención al Menor en Desamparo (Caimede).
En el caso de las cárceles públicas de los 106 municipios y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Ombudsperson expuso las siguientes observaciones:
«85 no tienen área para mujeres y 95 carecen de espacios especiales para adolescentes.
«Además, poco más del 60% de las celdas tienen mala ventilación e iluminación; en 102 hacen falta lavamanos en el interior; aproximadamente 74 no tienen tazas sanitarias y están en malas condiciones de higiene y no pueden acreditar que proporcionen alimentos a las personas arrestadas», enlistó.
Otra irregularidad en las cárceles públicas, es que en 60 de ellas no hay juez calificador ni juez de paz que imponga las sanciones administrativas correspondientes; mientras que en 68 no se acreditó que se informara a los detenidos el motivo de su arresto, aunado a que carecen de reglamentos internos y manuales de procedimientos 101 cárceles y 87 tampoco tienen con mando de Policía y Gobierno y, de acuerdo con entrevistas, el personal de 67 de las cárceles informó que el número y capacidad de las celdas es insuficiente.
Según las supervisiones realizadas, las cárceles con las mejores infraestructura son la de los municipios de Buctzotz, Kanasín, Mérida, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid, así como la de la SSP.
La otra cara de la moneda son de las localidades de Chankom, Chapab, Cuzamá, Dzan, Dzitás, Halachó, Homún, Izamal, Kopomá, Maní, Mayapán, Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekit, Tepakán y Ticul.
En otro tema, Sabido Santana mencionó que, de acuerdo con quejas de los ciudadanos, las 10 autoridades como presuntas responsables en los derechos humanos fueron la SSP, Fiscalía General del Estado (FGE), Ayuntamiento de Kanasín; Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay); Ayuntamiento de Mérida; Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Secretaría de Educación del gobierno del estado de Yucatán (Segey), Tribunal Superior de Justicia y los ayuntamientos de Progreso y Celestún.
En las quejas, los ciudadanos expusieron posibles hechos violatorios sus derechos humanos. Los 10 más señalados fueron prestación indebida de servicio público, detención arbitraria, lesiones, amenazas, robo, violación al derecho de los menores a que protejan su integridad, intimidación; violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; trato cruel, inhumano o degradante; dilación en la procuración de justicia y retención ilegal.
Además, 126 servidores estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, que dependieron de la gravedad de los hechos. En 2020, fueron 54 funcionarios. En 2021, la cifra tuvo un incremento del 133%.
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