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Buscan identificar los obstáculos y la violencia politica en las mujeres

Desde lenguaje sexista, humillaciones, amenazas, presión económica e insultos hasta violaciones y asesinatos son algunos de los riesgos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia política de género en nuestro país, comentó la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Dra. Flavia Freidenberg.

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer la investigadora impartió la Conferencia Magistral “¿Cómo luchar contra la Violencia Política hacia las Mujeres?: Estrategias para la Construcción de Democracias Paritarias”.

En su intervención la Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, María de Lourdes Rosas Moya, destacó que el objetivo de este evento es identificar los obstáculos y la violencia que enfrentan las mujeres en el ámbito de la política, a fin de visibilizar las estrategias para hacerles frente.

Durante su ponencia la catedrática comentó que en América Latina de 1991 a la fecha ha habido avances, pero aún es necesario ser vigilantes de que verdaderamente se cumplan las leyes existentes.

Ante autoridades del IEPAC Yucatán, del Instituto Nacional Electoral, Consejeras Distritales y Municipales, futuras candidatas, encargadas de agenda de género de los partidos políticos, instituciones públicas, mujeres políticas y representantes de agrupaciones sociales interesadas en el tema, señaló que en México se han establecido mecanismos de acción afirmativa y la paridad como principio constitucional que llevaron a sistemas de monitoreo de las normas de sociedad civil mediante la ciudadanía activa y redes de mujeres, reforzado con la judicialización para aplicar sanciones en caso de resistencia e incumplimiento.

Honduras, Nicaragua, Argentina México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Paraguay ya cuentan con acciones afirmativas para garantizar la paridad, dijo.

En el caso de Mexico, abundó, ahora se habla de paridad vertical, referente a distritos plurinominales federales y locales, y paridad horizontal referente a distritos uninominales locales.

Sin embargo, a pesar del paulatino avance entidades como Yucatán aún presentan rezago, ya que ocupa el penúltimo lugar en materia de avance en paridad con sólo un 12.3 por ciento de representación hasta 2015, sólo detrás de Tlaxcala.

Los obstáculos no los eliminan las leyes, sentenció, los derechos humanos no son relativos, son independientes de los usos y costumbres por lo que la paridad no es opcional.

Ocupando cargos públicos en este país es como va disminuyendo la brecha entre mujeres y hombres, acentuó.

Lo más terrible de la violencia es que la tenemos normalizada, no debemos hacerlo, sentenció.

Durante su intervención recordó que en 2002 la cuota de género en las candidaturas en México representaba un 30 por ciento, pero, al no existir sanciones en la Ley por incumplir con este porcentaje, no todos los partidos lo cubrían o, de hacerlo, ponían a candidatas que después renunciaban para dejar el puesto a varones.

En 2008 el porcentaje aumentó a un 40 por ciento de manera obligatoria y, con la reforma electoral de 2014, se logró establecer la obligatoriedad de registrar en un 50-50 las candidaturas en todo el país.

En el caso de la representación en la Cámara de Diputados aumentó de 22.8 a 42.6 por ciento en el lapso de 2006 a 2015; mientras que en la Cámara de Senadores el avance ha sido más lento pasando de 15.6 a 32.8 por ciento de 2006 a la actual Legislatura.

Respecto a las manifestaciones más comunes de violencia política de género mencionó que van desde presión de partidos a autoridades electorales para registrar candidaturas sin paridad; o resistencia a impulsar la capacitación y preparación de las mujeres; hasta secuestros, golpes, latigazos contra mujeres indígenas por parte de sus familiares o atentados contra su vida y la de sus familiares en estados como Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo.

Se registran casos en los cuales dan candidaturas a las mujeres, pero en distritos históricamente perdedores, se les exige que renuncien una vez electas para poner un hombre en su lugar o se hostiga e insulta con expresiones y estereotipos de género que intentan restarles credibilidad y capacidad como opciones para ejercer cargos de responsabilidad pública, relató.

Afirmó que las redes de movilización de los partidos políticos en América Latina son femeninas, “sí confían en que salgan a buscar el voto, pero no en que sean las que compitan”.

Hay que democratizar a los partidos políticos, hay que hacerlos transparentes e incluyentes, acotó.

Además, reiteró, es necesario reconocer la violación de derechos fundamentales de las mujeres y visibilizar el problema.

Que existan procesos de incidencia creados por diferentes actores sociales y políticos que busquen juntos o por separado visibilizar la situación; que se discuta y aprueben leyes y reglamentos que permitan reconocimiento formal de la situación de riesgo permanente que enfrentan las mujeres en su participación política; que se revise y observe la manera en que las instituciones responden a la necesidad de proteger los derechos políticos de las mujeres para prevenir, tratar y sancionar el acoso y la violencia política y que todas y todos se involucren para feminizar la política y que la paridad sea una realidad.

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