Patricia Olamendi Torres, de Todas México, estuvo en Yucatán para hablar de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género
La iniciativa de ley 3 de 3 contra la violencia de género tiene por propósito impedir que deudores de pensión alimenticia, quienes ejercieron violencia sexual o violentadores políticos lleguen al poder, señaló Patricia Olamendi Torres, dirigente de la agrupación política Todas México, quien se reunió con integrantes de las comisiones permanentes de Igualdad de Género y Puntos Constitucionales de la 63 Legislatura del Congreso del Estado.
«Nosotras le vamos a pedir, que, si quieren un cargo público y se inscriben a un puesto de elección, pues no comentan un delito. ¿Pues qué creen? A lo largo de la lucha de las mujeres, hemos logrado que todas estas conductas sean delitos, estamos previniendo que delincuentes queden impunes», advirtió la activista.
La iniciativa no atenta contra la presunción de inocencia, ya que no es un juicio de orden penal. La 3 de 3 se busca que el partido político y el Instituto Nacional Electoral (INE) haga obligatorio, entre los requisitos de elegibilidad, que el aspirante no sea un delincuente, así como garantizar la igualdad y la protección de los derechos humanos de las niñas, los niños, los adolescentes y mujeres, precisó.
Patricia Olamendi recordó que, en el proceso electoral pasado, encontraron 101 candidatos de todos los partidos políticos con antecedentes penales. El resultado fue producto de una revisión aleatoria que se realizó mediante una organización.
La activista señaló que lo anterior estaba comprobado, pues realizaron una revisión de las denuncias ante el Ministerio Público, procedimientos penales y sentencias.
La primera medida fue solicitarle al partido político que retiren la candidatura, que algunos hicieron caso omiso, y posteriormente publicaron las anti-boletas para sensibilizar a la ciudadanía sobre su voto.
Patricia Olamendi externó que sólo quieren un proceso electoral en la que se privilegie la decencia, capacidad y respeto.
«Es mucho pedir un poco de decencia en la política, que pagamos con nuestros impuestos todas y todos. ¿Quién paga las candidaturas de todas y todos los candidatos? Pues nosotros», afirmó.
La activista señaló que esta iniciativa debería ser presentada por los partidos políticos, ya que la ley los hace responsables de la igualdad, atención y prevención de cualquier forma de violencia, así como la protección de los derechos de las mujeres.
«Si un partido político lanza un candidato (con antecedentes penales) están violando la ley electoral, no hay manera. No es invento nuestro, está en la ley», aseveró.
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